"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"                      

Este martes se presentó oficialmente en el Congreso chileno el proyecto de ley que prohíbe el ingreso del "pisco peruano" a Chile. Diputados de la UDI y algunos congresistas de zonas productoras de pisco del país fueron quienes presentaron la iniciativa.

De acuerdo con 24 horas, los parlamentarios señalaron que el proyecto de ley tiene como fin "establecer cierta reciprocidad con lo que está ocurriendo con la industria pisquera nacional, específicamente, en el Perú".

Como se sabe, hoy en el Perú está prohibido el ingreso de cualquier tipo de destilado chileno bajo la denominación de pisco. "La idea es emparejar la cancha entre lo que ocurre con los productores chilenos y peruanos", manifestaron los diputados de la UDI, Juan Manuel Fuenzalida y Sergio Gahona. Pero si se aprueba esta propuesta, el impacto económico en Perú sería mínimo, pues las exportaciones peruanas de pisco (bajo dicha denominación) a Chile representaron en el 2018 el 2,4% (US$140.000) de los envíos totales de este producto.

El grupo de congresistas chilenos ya había dicho que presentaría esta iniciativa en respuesta al rechazo del gobierno peruano a la "tregua" planteada por Chile, que habría permitido que ambos países comercialicen y reconozcan la denominación de origen pisco a nivel internacional. Esa propuesta de Chile ocurrió luego de que la India reconociera el derecho exclusivo de Perú, y desestimó el pedido de Chile, sobre la denominación de origen pisco en su país.

Fuenzalida y Gahona consideran que Chile está perdiendo "competitividad" y la "denominación de origen". "Ya ocurrió en India y va a ocurrir en Malasia, por lo que estamos preocupados”, indicaron. También sostuvieron que "este proyecto de ley es el primero de una serie de medidas legislativas para proteger el pisco y a los pequeños productores de Chile”.

Según la ONPE, el partido Fuerza Popular solo rindió cuenta de 8.5% de los más de 9 millones de soles de presupuesto recibido en el 2018 como financiamiento público.

El partido Fuerza Popular recibió el año pasado más de 9 millones de soles en relación al financiamiento público. Sin embargo, solo rindieron cuenta de menos de un millón a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Como señaló la agencia Andina, el financiamiento a los partidos políticos fue destinado para gastos ordinarios, relacionados al pago de trabajadores, el alquiler de sus locales, además de la formación de militantes.

En el caso de la organización política liderada por Keiko Fujimori, el portal Claridad de la ONPE señaló que el partido naranja recibió 4 517 854 soles para el 2018, aunque se le añadió el monto no ejecutado del 2017, por lo que recibió 9 035 708.

En Fuerza Popular solo rindieron cuentas de 767 636 soles, la mayor parte para gastos ordinarios. Asimismo, se detalló que de los partidos que tienen la posibilidad de acceder al financiamiento público, solo el Acción Popular y el Apra no han solicitado este dinero. Peruanos por el Kambio recibió 3 451 523.98 soles, rindiendo cuenta de 1 203 775.35; Frente Amplio tuvo un presupuesto de 2 804 903.58 y rindió cuenta del 85.14%; a Alianza Para el Progreso se le destinó un financiamiento de 1 020 021 soles, justificando el gasto del 97.94%; mientras que el Partido Popular Cristiano obtuvo 879 610 soles y rindió cuentas del 96.97%.

El financiamiento público es destinado para los partidos que lograron la representación nacional en las elecciones generales del 2016. Junto a las mencionadas, también están Somos Perú, Restauración Nacional y Vamos Perú, quienes participaron en los comicios a través de alianzas.

El fiscal provincial contra el Crimen Organizado de Chiclayo, Juan Carrasco Millones, informó esta tarde que el Ministerio Público investiga a los congresistas Héctor Becerril, Carlos Bruce, Javier Velásquez Quesquén, César Vásquez y Clemente Flores por presuntos actos de corrupción.

Carrasco Millones dijo que la investigación se da en el marco del caso 'Los temerarios del crimen', organización criminal que sería liderada por el exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel.

Anteriormente, el fiscal expuso en una audiencia que los citados parlamentarios estaban involucrados con dicha organización por el presunto mal manejo de obras públicas.

Los legisladores, a su turno, desestimaron el caso. El fiscal indicó que, tras la testificación de imputados en la fase de investigación preparatoria, se determinó que "algunas obras de la Municipalidad de Chiclayo habrían sido direccionadas hacia determinadas empresas constructoras previo pago de un beneficio económico indebido o coima, a favor no solo del alcalde de Chiclayo sino también, posiblemente, a favor de 5 congresistas".

La Fiscalía de Chiclayo presentó en Lima los cinco informes vinculados a los congresistas.

Fuente:  Canal N

La expectativa de las aerolíneas es crecer, en más de un caso a doble dígito. En el sector aerocomercial, además, podríamos ver una fusión entre Peruvian y Star Perú.

Lo que ocurrirá con los vuelos a Cajamarca es un buen ejemplo de cómo serán aprovechadas las rutas que han dejado LC Perú y Avianca. Y es que este destino, que se quedó solo con los vuelos de Latam tras la suspensión de LCP, este año pasará a recibir, además, vuelos de Viva Air, Star Perú y Peruvian, como han precisado a Día1 las propias aerolíneas y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

De este modo, Cajamarca pasará de operar con una línea aérea a hacerlo con cuatro, como consecuencia de la agresividad de las estrategias comerciales de los jugadores que se quedan y las ‘low cost’ que ingresan. Y si uno repasa la situación de los destinos que han dejado o dejarán desatendidos LCP y Avianca, verá que en la mayoría hay planes de aterrizaje de las otras aerolíneas para el 2019.

¿Cuáles son los planes en concreto? En el caso de Latam, José Sabogal, director de Ventas y Márketing de la compañía, explica que prevén volar a Ilo y ampliar frecuencias nocturnas a Talara y Ayacucho (cuando estén dadas las condiciones en estos aeropuertos). La líder del mercado proyecta crecer en 20% su oferta de asientos para este año, y en línea con ese objetivo estima reconfigurar el 100% de su flota (más de 20 aviones) también este 2019. Como se recuerda, Latam está invirtiendo US$400 millones en la renovación de sus aviones a nivel global, con la intención de ofrecer cuatro tipos de asientos con tarifas diferenciadas.

En cuanto a la segunda del mercado, Peruvian, su gerente general adjunto, Alfonso Núñez, ha precisado a nuestro suplemento que en el primer trimestre ampliarán frecuencias y extenderán rutas en Arequipa, Cusco, Iquitos, Chiclayo, Trujillo y Cajamarca (como adelantamos), entre otras ciudades. Su plan es acercarse al 20% de ‘market share’ en el 2019 (actualmente tiene el 13,8%). Por eso, incorporará cuatro aeronaves Boeing 737-300, para 142 pasajeros cada una. Ojo, también está trabajando un acuerdo de código compartido con Star Perú, y no descarta la posibilidad de adquirirla.

En Viva Air, por su parte, que en el 2018 era quinta del mercado con el 6,2% de participación, destacan que ya han logrado el 10% de la torta, a la fecha, y que prevén cerrar el 2019 con el 15% de ‘market share’, según su gerenta comercial, Francesca Luna. “Estamos muy atentos a cambios en la situación competitiva para revisar la priorización de rutas y los ‘timmings’ correctos”, acota la ejecutiva.

Finalmente, en Sky proyectan llegar a los 900 mil pasajeros transportados hacia finales del 2019, de acuerdo a José Raúl Vargas, su CEO para el Perú. Han comenzado con siete destinos locales. ¿Cómo terminará esta recomposición del mercado? Ya veremos.

El Congreso debe darle prioridad al proyecto de ley que ha presentado la Contraloría General de la República para que se culmine la ejecución de los centenares de proyectos de infraestructura -carreteras, hospitales, colegios, redes de agua y desagüe- que han quedado inconclusos por el uso abusivo de los procesos arbitrales que interponen las empresas proveedoras, una situación que afecta a millones de peruanos.

El ex gobernador regional del Callao, Félix Moreno, había anunciado que para 2015 estaría culminada la construcción del tramo chalaco de la Costa Verde, adjudicado a Odebrecht por 302,7 millones de soles. El proyecto avanzó hasta el 88,6%, pero se detuvo porque antes de que estallara el caso Lava Jato, la Contraloría General de la República denunció por corrupción a varios funcionarios regionales. Con la intención de no perder el proyecto, cuyo costo se elevó hasta 480 millones de soles, la constructora brasileña interpuso un arbitraje contra el gobierno chalaco, manteniendo en suspenso la terminación de la costosa vía.

El arbitraje se ha convertido en un mecanismo de enriquecimiento ilícito por parte de empresarios inescrupulosos que buscan aumentar los montos originales de las obras públicas, como sucedió con Odebrecht, una práctica que se ha difundido como una epidemia.

Un estudio de la Contraloría General de la República estima que 867 obras públicas en todo el territorio nacional están afectadas por los procesos arbitrales, y que de esa totalidad, estos ocasionan la paralización de la ejecución de 191 proyectos, cuya inversión se estima en 4 mil 693 millones de soles. Pérdidas inaceptables.

A la fecha, la obras públicas detenidas son 647. De este total, el 41% (265 obras) se debe a deficiencias técnicas o incumplimiento contractual; el 30% (191 obras) por los arbitrajes y el 12% (80 obras) por limitaciones presupuestales, entre los principales motivos. Pero en términos del monto de las inversiones afectadas por las suspensiones, en el 30,2% de casos es por los procesos arbitrales (S/ 4.693 millones); el 20% por deficiencias técnicas e incumplimiento contractual (S/ 3.101 millones) y el 2,8% por limitaciones presupuestales (S/ 435 millones).

En conclusión, según la evaluación de la Contraloría, los procesos arbitrales son el principal motivo de que centenares de proyectos de infraestructura -carreteras, hospitales, escuelas, redes de agua y desagüe- hayan quedado en suspenso. Las manos que están detrás de los arbitrajes suelen ser las de la corrupción.

“Es importante señalar que las conductas ilícitas vinculadas a la solución de controversias entre el Estado y un contratista privado (los arbitrajes), no solo genera un perjuicio económico al Estado -en la medida que se sustraen caudales del erario público-, sino que también provoca un grave problema social, ya que en muchos casos la ejecución de prestaciones son interrumpidas precisamente por decisión de la entidad pública y del contratista que esperan que se resuelva primero su controversia (el arbitraje), en lugar de priorizar la culminación de las prestaciones derivadas del contrato”, explica puntualmente el reporte de la Contraloría.

Efectivamente, no solo se trata de dinero robado a los fondos públicos. La no culminación de las obras afecta con toda su fuerza a los pobladores a los que se había previsto beneficiar con la realización de la infraestructura de índole social. Por ejemplo, el proyecto de Sedapal para el mejoramiento sanitario de las áreas marginales en la zona norte de Lima, previsto a un costo de 279,1 millones de soles, está compuesto por 13 obras independientes. Sin embargo, en seis casos el contratista requirió procesos arbitrales, lo que impidió la finalización de las obras. Los más perjudicados son los pobladores que no cuentan con agua potable.

La República

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