"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"                      

La fiscal Janny Sánchez abrió investigación contra Alan García después que el procurador Amado Enco presentó la denuncia contra el expresidente en la concesión del puerto de Paita.

Este martes, el Ministerio Público, a través de la fiscalía anticorrupción, abrió una investigación contra Alan García por la denuncia de la procuraduría por supuestas irregularidades en la concesión del puerto de Paita. La investigación está a cargo de la fiscal del sistema anticorrupción, Janny Sánchez Porturas, quien decidió iniciar la indagación tras la acusación del procurador anticorrupción Amado Enco hecha en noviembre.

Como sostiene la procuraduría anticorrupción, el expresidente Alan García, durante su segundo presidencial, “tuvo el dominio de los funcionarios que desempeñaban cargos de confianza, a través del control de un aparato organizado de poder que encabezó, encubierto en una política de Estado de una supuesta promoción de la inversión del puerto de Paita”. La denuncia incluye a Patricia Alarcó, Cayetana Aljovín, Mario Arbulú, Luis Carranza, Enrique Cornejo, Hernán Garrido Lecca, David Lemor, Verónica Zavala, entre otros imputados.

En la acusación de Amado Enco se señala que tanto los exministros como los exfuncionarios del segundo gobierno del líder aprista dieron instrucciones para realizar la concesión del Terminal de Paita, beneficiando a la compañía Terminal Portuarios Euroandinos. El método para favorecer a la empresa fue a través de los decretos de urgencia. Asimismo, sostiene que los sectores relacionados al sistema portuario “generaron una serie de documentos, directivas, indicaciones para sacar adelante esta concesión”. Además, añade que los decretos de urgencia “se convirtieron en un patrón de políticas de Estado”.

Fuente: La República

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios en Lambayeque logró que se condene a cinco años de pena privativa de la libertad efectiva al sub oficial de la Policía Nacional, Juan Roberto Poma Tocto, como responsable de haber solicitado dinero a un familiar de un detenido. Además, se le impuso el pago de más de 8 mil soles que deberá cancelarlos en el plazo de diez días y 10 mil soles por concepto de reparación civil a favor del Estado.

La sentencia fue lograda por el fiscal Javier Idrogo Rodríguez, luego de acreditar en juicio la responsabilidad del acusado en el delito contra la administración pública en su modalidad de cohecho pasivo impropio. En el adelanto de fallo dictado por el juzgado unipersonal de Chiclayo se inhabilitó al sentenciado por el mismo período de la pena principal, la misma que consiste en la privación de ejercer función o cargo que ejercía el condenado y en la incapacidad o impedimento de ejercer mandato o cargo de carácter público conforme del artículo 36 del Código Penal.

En el juicio se acreditó que los días 26 y 27 de abril del año 2015 cuando la Sra. Rosa Zulueta Ruiz, acudió a la comisaría de José Leonardo Ortiz a dejar los alimentos a su conviviente Arnol Junior Cóndor Acuña, quien se encontraba detenido en dicha dependencia policial, por el delito de robo, fue abordada por el agente policial quien se encontraba a cargo de la investigación y le solicitó mil soles para ayudarlo y luego devolverle las pertenencias incautadas, cuando ya la fiscal del caso había dispuesto su libertad. El caso fue denunciado ante la fiscalía, lo que motivó un operativo que culminó con la detención del agente.

Fuente : La República

La marcha nacional se realiza también en diversas ciudades, con la participación de organizaciones sociales. En Lima comenzó a las seis de la tarde y tuvo como punto de concentración la Plaza San Martín.

La movilización en Lima se inició a las seis de la tarde y tuvo como punto de concentración la Plaza San Martín. Los manifestantes, provistos de carteles, recorren las avenidas Colmena, Wilson, Paseo Colón, Grau y Abancay con el propósito de llegar a la sede principal de la Fiscalía del Ministerio Público.

El secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Jorge Bracamonte, señaló que están a favor de que se declare en emergencia la Fiscalía y pidió que el Congreso deje de blindar a Pedro Chávarry, acusado de integrar la organización criminal 'Los cuellos blancos del puerto'.

"Queremos que salga Chávarry, porque apoya a Keiko Fujimori, a Alan García y a toda la corrupción", comentó una asistente. "Amo este país y cuando le hacen daño, yo sufro. Hay que corregir lo malo. Hemos convocado esta marcha para que salgan todos los fiscales corruptos", dijo otro manifestante.

La movilización se realiza también en diversas ciudades, como en Cusco, Chiclayo, Tumbes y Puno, con la participación de organizaciones sociales. Esta protesta ciudadana fue convocada luego de que Pedro Chávarry anunciara en la noche del 31 de diciembre el retiro de los fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez del Equipo Especial del caso Lava Jato.

 Fuente RPP

De acuerdo con la Resolución Ministerial N° 712-2018-MINEDU, norma técnica de orientaciones para el desarrollo del año escolar 2019 en instituciones educativas y programas educativos de la educación básica, el inicio del año escolar está previsto para el 11 de marzo y las vacaciones de medio año para el periodo comprendido entre el 29 de julio y el 09 de agosto.

Asimismo, la fecha de fin de año está prevista para el 20 de diciembre. Estas fechas son flexibles, los Gobiernos Regionales y sus respectivas DRE y UGEL pueden determinar una fecha de inicio de clases distinta de la dispuesta en esta norma técnica o flexibilizar horarios, tomando en cuenta las características geográficas, climatológicas, económico-productivas y socioculturales de su territorio, siempre que se garantice el cumplimiento de las horas lectivas mínimas establecidas para el año escolar.

En caso se establezca una calendarización distinta a la propuesta en esta norma, la DRE debe comunicar formalmente al Minedu de manera oportuna.

En estos últimos días las críticas no han sido ajenas para el candidato a la gobernación regional de Cajamarca por Acción Popular, Mesías Guevara, tras el incidente en que se observa no extenderle la mano a su contrincante de APP, Walter Benavides, tras el debate electoral realizado en la capital de la región.

Acto fortuito, involuntario o no, eso queda para la especulación; lo cierto es que en este tramo final, la campaña se pone de candela y cada cual expresa lo que siente y lo que cree que le genera más adeptos rumbo a la segunda vuelta electoral del 9 de diciembre.

Entretanto, Guevara Amasifuén, ha señalado que incidente  fue una casualidad, dado que él prestaba atención  a lo que ocurría  al fondo del ambiente  en el que se  realizó la jornada. 

El juez Richard Concepción Carhuancho aceptó el pedido del Ministerio Público de dictar 36 meses de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, como parte de las investigaciones que se le sigue por los aportes de su campaña electoral del 2011. Está previsto que Fujimori Higuchi se quede en prisión hasta el 30 de octubre de 2021.

El juez Richard Concepción Carhuancho consideró que la prisión preventiva para Keiko Fujimori “es idónea” porque “va a asegurar su presencia para los fines de la decisión final […] Sobre todo porque ese es el fundamento principal del motivo por el cual se le está imponiendo prisión preventiva para evitar que perturbe la actividad probatoria”, dijo. El magistrado fue enfático en señalar que su decisión busca evitar que “se obstaculice la actividad probatoria”.

El juez sostuvo que no cabe dictar comparecencia restringida a Fujimori Higuchi debido a “la situación particular de la investigada del comportamiento procesal de interferencia en sistema de justicia, de órganos de prueba, de obstaculización, de haber pretendido captar a un supremo para que lo favorezca en procesos judiciales”.

“La comparecencia con restricción no va a evitar ese comportamiento procesal, por ende, la única medida necesaria es indudablemente la prisión preventiva”, añadió. El magistrado empezó su intervención explicando que existen nuevos estándares más exigentes para que se dicte una prisión preventiva, previstos por el Tribunal Constitucional a raíz del caso Humala-Heredia.

En su opinión, la exigencia de una "motivación completa" convertiría a la audiencia de prisión preventiva en un "minijuicio". En su resolución, Concepción Carhuancho señaló que "sí existe sospecha grave sobre la participación de Keiko Fujimori en el delito de lavado de activos", así como de la existencia de una presunta organización criminal creada en la interna de Fuerza Popular con la finalidad de "captar aportes ilícitos para tomar el poder y realizar actos de corrupción".

Asimismo, el juez señaló que, según la versión del testigo protegido, y a los importantes documentos encontrados durante el allanamiento a la vivienda de Vicente Silva Checa, se pudo evidenciar la existencia de una organización criminal en la interna de este partido, cuya cúpula está integrada por Keiko Fujimori, Pier Figari, Ana Herz y Vicente Silva Checa.

Pese a esto, el juez destacó que con esto "no se está criminalizando al partido político". "(…) Quienes toman las decisiones en el partido son Keiko Fujimori, Ana Herz, Pier Figari y Vicente Silva Checa, quienes conforman una cúpula paralela (o estructura criminal) que comunicaba decisiones luego a la bancada política (…) Una cosa es el partido político y otra la organización criminal de facto que se ha enquistado dentro de él", señaló el juez.

Fuente: RPP

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