"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"                      

Arbitrajes paralizan 191 obras por S/ 4.693 millones

El Congreso debe darle prioridad al proyecto de ley que ha presentado la Contraloría General de la República para que se culmine la ejecución de los centenares de proyectos de infraestructura -carreteras, hospitales, colegios, redes de agua y desagüe- que han quedado inconclusos por el uso abusivo de los procesos arbitrales que interponen las empresas proveedoras, una situación que afecta a millones de peruanos.

El ex gobernador regional del Callao, Félix Moreno, había anunciado que para 2015 estaría culminada la construcción del tramo chalaco de la Costa Verde, adjudicado a Odebrecht por 302,7 millones de soles. El proyecto avanzó hasta el 88,6%, pero se detuvo porque antes de que estallara el caso Lava Jato, la Contraloría General de la República denunció por corrupción a varios funcionarios regionales. Con la intención de no perder el proyecto, cuyo costo se elevó hasta 480 millones de soles, la constructora brasileña interpuso un arbitraje contra el gobierno chalaco, manteniendo en suspenso la terminación de la costosa vía.

El arbitraje se ha convertido en un mecanismo de enriquecimiento ilícito por parte de empresarios inescrupulosos que buscan aumentar los montos originales de las obras públicas, como sucedió con Odebrecht, una práctica que se ha difundido como una epidemia.

Un estudio de la Contraloría General de la República estima que 867 obras públicas en todo el territorio nacional están afectadas por los procesos arbitrales, y que de esa totalidad, estos ocasionan la paralización de la ejecución de 191 proyectos, cuya inversión se estima en 4 mil 693 millones de soles. Pérdidas inaceptables.

A la fecha, la obras públicas detenidas son 647. De este total, el 41% (265 obras) se debe a deficiencias técnicas o incumplimiento contractual; el 30% (191 obras) por los arbitrajes y el 12% (80 obras) por limitaciones presupuestales, entre los principales motivos. Pero en términos del monto de las inversiones afectadas por las suspensiones, en el 30,2% de casos es por los procesos arbitrales (S/ 4.693 millones); el 20% por deficiencias técnicas e incumplimiento contractual (S/ 3.101 millones) y el 2,8% por limitaciones presupuestales (S/ 435 millones).

En conclusión, según la evaluación de la Contraloría, los procesos arbitrales son el principal motivo de que centenares de proyectos de infraestructura -carreteras, hospitales, escuelas, redes de agua y desagüe- hayan quedado en suspenso. Las manos que están detrás de los arbitrajes suelen ser las de la corrupción.

“Es importante señalar que las conductas ilícitas vinculadas a la solución de controversias entre el Estado y un contratista privado (los arbitrajes), no solo genera un perjuicio económico al Estado -en la medida que se sustraen caudales del erario público-, sino que también provoca un grave problema social, ya que en muchos casos la ejecución de prestaciones son interrumpidas precisamente por decisión de la entidad pública y del contratista que esperan que se resuelva primero su controversia (el arbitraje), en lugar de priorizar la culminación de las prestaciones derivadas del contrato”, explica puntualmente el reporte de la Contraloría.

Efectivamente, no solo se trata de dinero robado a los fondos públicos. La no culminación de las obras afecta con toda su fuerza a los pobladores a los que se había previsto beneficiar con la realización de la infraestructura de índole social. Por ejemplo, el proyecto de Sedapal para el mejoramiento sanitario de las áreas marginales en la zona norte de Lima, previsto a un costo de 279,1 millones de soles, está compuesto por 13 obras independientes. Sin embargo, en seis casos el contratista requirió procesos arbitrales, lo que impidió la finalización de las obras. Los más perjudicados son los pobladores que no cuentan con agua potable.

La República

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Prensa Ilucan

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